El pasado día 1 de abril se inició una prueba piloto judicial. Ésta, podría suponer la incorporación de los Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en nuestro sistema. La prueba ya se está llevando a cabo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Las Palmas de Gran Canaria. Tendrá una duración de 24 meses (2 años) y instruirá las causas incoadas a partir del 1 de abril, cuyas víctimas sean menores de edad.

Sin embargo, la creación del órgano judicial con competencia especializada en la protección de menores y adolescentesno es algo nuevo. Ya se recomendó en el año 2011, en la Observación General del Comité de los Derechos del Niño nº 13.

Sistema de competencias en materia de instrucción en el orden penal

Actualmente, los órganos instructores en España son:

• Juzgados de Violencia sobre la mujer: conocerán de la instrucción por los delitos de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su pareja sentimental. O cuando se trate de un delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal.
• Juzgados Centrales de Instrucción: conocerán de la instrucción de las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega
• Juzgados de Instrucción: conocerán de la instrucción del resto de causas.

La conclusión satisfactoria de esta prueba, supondría la inclusión de estos nuevos Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en el organigrama judicial del orden penal.

La competencia del nuevo Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia

Este nuevo Juzgado será el encargado de instruir las causas penales en las que las víctimas sean niños, niñas o adolescentes de entre 0 y 18 años.

La iniciativa fue impulsada por la Junta de Jueces de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y por el Consejo General del Poder Judicial. Persigue el objetivo de poder desarrollar el proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. La idea es que este Juzgado asuma competencias del orden tanto civil como penal, igual que ocurre en los Juzgados de Violencia contra la Mujer.

Juzgado de Instrucción nº3 de Las Palmas de Gran Canaria

La elección del Juzgado encargado de llevar a cabo esta prueba no ha sido al azar. El Juzgado en cuestión, recientemente ha sido reconocido con un premio nacional a la calidad de la Justicia por sus mejoras en el ámbito de protección a la infancia. Además, cuenta con la Guía de buenas prácticas a la infancia, protocolo de recepción y acompañamiento a las víctimas menores de edad, salas de espera acondicionadas y sala Gesell. De este modo, el proyecto se puede desarrollar aparentemente con los medios adecuados, sin precisar de un desembolso económico excesivo, pues ya está preparado.

El magistrado que está al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Las Palmas de Gran Canaria también ha jugado su papel. Tomás Luis Martín Rodríguez es juez desde 1997, titular de este Juzgado desde 2009, donde ha desarrollado una amplia especialización en esta materia. También ha sido reconocido por su la lucha contra el maltrato a la infancia y la adolescencia. Todo lo anterior viene avalado no sólo por sus estudios, sino también por su experiencia que conforman un currículum vitae ideal para este cargo.

Reacciones

Esta propuesta ha recibido una gran acogida entre las organizaciones de infancia. Hace años que demandaban este tipo de competencias, que supondrán la implantación de Juzgados especializados; así como de jueces y juezas que habrán recibido una formación específica para lidiar con este tipo de asuntos, evitando la victimización secundaria de los y las menores.