Anoche volví a recibir en mi teléfono móvil un mensaje desesperado de un trabajador de uno de nuestros clientes, una cervecería del Barrio Gótico de Barcelona que este año lucha por sobrevivir a la crisis de la COVID-19.

A fecha 16 de septiembre, seis meses después de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, y de la obligatoriedad que dicha declaración llevaba aparejada, de cierre a todos los bares y restaurantes, este trabajador aún no ha recibido ni un solo euro de lo que debía percibir por estar incluido en un ERTE. Mientras tanto, desde el despacho, ya han sido varias las ocasiones en que hemos tenido que comunicar al SEPE el pago indebido a trabajadores de otros clientes que, por falta de diligencia de dicho órgano, continúan cobrando a pesar de haberse desafectado ya del ERTE.

Este no es un caso aislado. Como abogados especializados en el sector de la hostelería, día a día seguimos de cerca la crítica situación de nuestros clientes y sus trabajadores, y los acompañamos en sus momentos de incertidumbre y desesperación.

Atrás quedó aquel tiempo en que la hostelería se nos presentaba, junto con el turismo, como “héroe salvador” de la economía española. Muy pronto se han olvidado los años en que el sector ha llegado a suponer el 13% del PIB del país y ha ofrecido miles de puestos de trabajo en los momentos en que el paro alcanzaba cuotas históricas. Este sector, que tanto ha representado durante los peores años de la crisis, merece algo más de lo que se está haciendo actualmente desde las instituciones.

Hoy, la hostelería lucha por mantener a flote su actividad, a pesar de las dificultades a las que los somete, en muchas ocasiones de forma injustificada y desproporcionada, la Administración Pública estatal, autonómica y municipal. Restricciones horarias, reducciones de aforo o cierres forzosos son los ejemplos más plausibles, sin obviar que, para contrarrestar los efectos de estas medidas, ninguna otra con carácter significativo se ha adoptado para relajar su carga fiscal, o incluso para suprimirla en aquellos establecimientos que, a fecha de hoy, aun no han podido abrir sus puertas.

Si bien los ICO han supuesto un respiro para aquellos a quienes les han sido concedidos, se desconoce si, a medio plazo, el endeudamiento en que han incurrido los empresarios habrá valido la pena.

Nadie puede asegurar cuánto durará la crisis y hasta cuándo el sector se verá afectado, por lo que el peor de los escenarios podría darse: que tras meses de crisis y pagos a costa del crédito, la situación persista, comportando ello el cierre inevitable de actividades y el despido de trabajadores, a lo que debería añadirse la situación de endeudamiento en la que el beneficiario del ICO se vería sumido, al menos, respecto de la parte del préstamo que él avala con su propio patrimonio. 

Mientras tanto, medidas adoptadas desde Consistorios como el de Barcelona, que aprobó una Ordenanza municipal que permitía colocar o ampliar terrazas de bares y restaurantes, también han resultado insuficientes y no han paliado los efectos sobre los establecimientos que peor lo están pasando: los del centro de la ciudad, cuya clientela eran, en su mayoría, turistas. Así por ejemplo, Ciutat Vella ha sido el distrito que más denegaciones de este tipo de licencias ha sufrido (70%), seguido por Gracia.

Otras actividades, como por ejemplo los gimnasios, en los que la cercanía de sus usuarios y el riesgo de contagio podría llegar a considerarse incluso más elevado que en un bar o restaurante, han corrido mejor suerte, permitiéndose su apertura, condicionada al cumplimiento de estrictas medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad, a pesar de ser perfectamente extrapolables y exigibles al sector de la hostelería, no le ha servido a este para evitar, por ejemplo, las restricciones horarias a las que se les somete desde las distintas Comunidades Autónomas.

Muchas de estas restricciones han sido impugnadas por distintas asociaciones de hosteleros del país, obteniendo interpretaciones y resultados distintos por parte de los Tribunales, dejando patente que, de nuevo en este caso, la seguridad jurídica y el respeto al principio de igualdad en el territorio, brilla por su ausencia.

Sin ir más lejos, el pasado 24 de julio el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya adoptó la Resolución SLT/1840/2020, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19. La misma, además de decretar el cierre de establecimientos como discotecas, salones de baile y salas de fiestas, limitaba el horario de apertura de restaurantes, bares, terrazas, chiringuitos y bares musicales de más de 65 municipios, hasta las 24 horas.

Escasos días más tarde, el 31 de julio, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaba Auto por el que suspendía la aplicación de dicha restricción por no considerar no proporcionada la medida e injustificado que la limitación horaria resultaría útil para evitar la transmisión del virus.

Por su parte, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, en Auto de 20 de agosto, anuló la limitación horaria que el Gobierno regional pretendía imponer mediante Orden de 18 de agosto, a bares y restaurantes. En este caso, el rechazo a dicha limitación no vino motivado por cuestiones de fondo, sino porque el órgano judicial consideró que la Comunidad Autónoma no tenía plena facultad para la adopción de este tipo de medidas, que debían ser refrendadas por un estado de alarma por suponer una limitación de derechos fundamentales. No obstante, pocos días después el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, volvía a ratificar las medidas adoptadas, desechando la argumentación esgrimida por el Juzgado de instancia para su anulación.

También ha habido casos en los que, en base a la evolución de la pandemia, un mismo órgano judicial dictaba en momentos diferentes resoluciones que podían resultar contradictorias, como ha ocurrido en Euskadi.

Ante esta situación de inseguridad jurídica y disparidad de criterios respecto de las restricciones establecidas por las distintas autoridades, los presidentes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de España y magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo han planeado reunirse para establecer unas pautas comunes en esta materia, sin perjuicio de que, posteriormente, cada magistrado tenga libertad a la hora de aplicarlas. Pero hasta el momento, no se tiene noticias al respecto.

Tampoco se tiene conocimiento de la existencia de un plan específico para el sector por parte de las instituciones, a pesar de estar recibiendo múltiples propuestas por parte de asociaciones y agentes vinculados con el mismo.

Y mientras tanto, la hostelería sigue sufriendo las consecuencias, obviando las autoridades que, para ellos, la supervivencia de sus negocios sí que depende de la concreción de un plan específico que los proteja, o de que las restricciones que le están siendo impuestas, se prorroguen un solo día más.